miércoles, 21 de junio de 2017

Julieta Sánchez Jarero es despojada de su casa 2 MDP



Julieta Sánchez Jarero es una comerciante que tiene una vivienda en Playa del Carmen, Quintana Roo. Como ella vivía en otra casa, decidió rentar el inmueble de Playa del Carmen, pero el inquilino no pagó la renta, cuenta Julieta, por lo que interpuso una demanda de desahucio.

Pasaron años para que procediera el recurso, y cuando al fin lo logró, se enteró de que su casa ya no estaba a su nombre, sino al de una empresa privada.

El recurso para quitarle la vivienda fue un juicio laboral. A Julieta la demandó un hombre que se supone que fue su empleado y que ella jura no conocer. Además, en una investigación que ha realizado por su propia cuenta ha documentado que la empresa que compró su casa de Playa del Carmen no tiene operaciones regulares en el estado, sino que es una empresa de papel que se alió con su exinquilino y con la Junta de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, para cometer un fraude en su contra.

Así atacan los piratas de Borge



El desalojo en serie realizado del 17 de junio a los hoteles y predios asentados en la tira de playa de Tulum, dejó una estela de desolación en el destino turístico que ha llamado la atención de otros países.

Los afectados se han encargado de “correr la voz” a través de las redes sociales y medios internacionales que han dedicado sus páginas a contar lo ocurrido esa mañana de junio en este destino muy visitados por europeos.

A través de las embajadas de países como Francia, Italia, Portugal, Países Bajos y Argentina, se han hecho reclamos al gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), las historias y los reclamos de un juicio justo ya llegaron al Senado de la República y senadores de oposición se han comprometido a llevar el tema a la Secretaría de Turismo.

Mientras esto pasa, 84 personas, de acuerdo con datos de los afectados, se han quedado sin trabajo y la imagen de este destino ha comenzado a tener afectaciones.

Hotel Coqui Coqui



Hace unos meses el hotel Coqui-Coqui Tulum era un lugar de ensueño. Un puñado de habitaciones con decoración maya, sábanas blancas, viento marino y un mar para enamorados. Pero eso es pasado. Todo se vino abajo desde las 6:30 de la mañana del 17 de junio de 2016. La fecha en que un grupo de actuarios del Poder Judicial de Quintana Roo, acompañados por unos cuantos policías municipales y decenas de hombres con playeras negras estampadas con una leyenda que decía “seguridad”, tomaron el lugar. Los elementos privados llegaron embozados, con palos y machetes en mano.

Pasar por el sitio puede ser peligroso. El sólo hecho de caminar por la playa y tomarse una foto merece la salida e intimidación de los hombres que ocupan el hotel boutique. Sucede a pesar de que la playa es territorio federal. Este equipo periodístico recorrió la zona y constató la ocupación y la portación de armas.

“Nadie puede tomar fotos aquí. Váyanse. Nosotros sólo seguimos órdenes”, dijo uno de ellos mientras sostenía un barrote coronado con una hoz afilada.

El despojo se realizó al Coqui-Coqui y a otros inmuebles más asentados en un total de 600 metros de playa. Según la versión de los desalojados, la razón del despojo se origina en una orden judicial iniciada a solicitud de los empresarios regios Schiavon Magaña. Ellos se dicen dueños del terreno, sin embargo cuenta Matías González, uno de los propietarios de la empresa Coqui-Coqui, el juicio que iniciaron no fue para disputarles el derecho del suelo, sino para exigir un desahucio por unos supuestos arrendadores incumplidos que ellos no conocen, y que nunca han ocupado ni el hotel ni el terreno.

“Fue una situación tremendamente violenta. Nos tiraban los muebles por la ventana… Bajo la fachada de esa fuerza estatal viene sostenida una fuerza privada”, menciona Matías durante una entrevista telefónica.

Tras el desalojo, acusa, el actuario nunca les dejó una copia de la orden: “La sentencia salió un día, y a las 24 horas la fueron a ejecutar. Eso no sucede en cualquier lugar de México”.

“Lo grave de esto es que, por un momento, el Estado miró para otro lado. Y después todo volvió a la normalidad”, expone.

Lo sucedido se puede ver en un video subido a YouTube, grabado por un reportero de la zona. Ese día se ve como el actuario del Poder Judicial tiene la capacidad de controlar los ánimos de las personas que no son policías y que portan palos y machetes. Estaban bajo su mando.

Para Matías y el resto de los hoteleros despojados fue muy complicado conocer las razones del desalojo, incluso, en este momento aún no conocen bien los documentos. Y así, casi a ciegas, interpusieron un amparo por la violación de diversos derechos, amparo que aún no se resuelve.

“Si yo no tengo certeza jurídica de qué sirve que vuelva a invertir en Tulum”, se pregunta el empresario argentino con inversiones en distintas zonas de la península de Yucatán.

***Se buscó el contacto con la familia Schiavon Magaña pero no pudo concretarse.

Fuente: expansion.mx

martes, 20 de junio de 2017

Casa Géminis



Yo llegué con mi esposa Gisela Thevenon a Playa del Carmen recién casado. Era 1996.

Tres años más tarde, fuimos a Tulum a ver el terreno, que luego fue nuestra casa. Nos enamoramos de su simpleza y belleza natural, sus playas. De su energía tan particular.

Mi hija mayor, Maite Victoria Parada Thevenon, nació allí en Tulum en el año 2002. En esa época vivimos en un camión hecho motorhome que estaba dentro de nuestro predio: La Casa Geminis. Lo nombramos así porque mi esposa y yo éramos de ese signo.

Amamos ese paraíso en las playas de Tulum y creímos que seríamos felices allí porque ese lugar y su energía nos dio lo mas lindo que existe: nuestra hija Maite.

Gisela falleció un año y medio más tarde, en el año 2004. El día 2 de junio del 2004, sólo ocho días después de su cumpleaños número 29. Y sólo seis días antes de mi cumpleaños número 35.

Me dijo que ella me ayudaría siempre a cuidar a Maite y que quería seguir junto a nosotros en nuestra casa para ayudar a cuidar nuestro lugar en el mundo.

Allí permanece ella, en los cimientos de cada columna de nuestra casa.

Y Maite y yo lo que más queremos es regresar con ella.

Para nadie es fácil recordar estos momentos, en especial para Luis Parada, un mexicano de padres argentinos que el 17 de junio fue despojado de su cabaña frente al mar, en la que descansan las cenizas de su esposa.

El desalojo forma parte del realizado masivamente en 600 metros de playa del Ejido José María Pino Suárez, que fue ejecutado por orden de una Juez Mercantil de Primera Instancia de Solidaridad Quintana Roo, y que fue concretado con ayuda de hombres encapuchados y armados con palos, piedras, machetes y en algunos casos, con gas pimienta.

Desde ese día, no se ha podido acercar a su propiedad sin que las personas que resguardan los inmuebles reaccionen con amenazas.

“De mi casa que he llevado posesión pacífica ininterrumpida desarrollé el lugar, construí mi casa yo mismo, viví, nació mi hija y hoy día me toca estar despojado de mi propiedad, de mis derechos y mis garantías“, expresa Luis, quien comenta que desde hace 17 años adquirió el terreno mediante una cesión de derechos notariada.

Lo más doloroso, dice, es que sea la propia autoridad la que haya ordenado los desalojos sin tomarlos en cuenta, sin haberlos vencido de manera legal.

Luis y su familia optaron por regresar a Argentina, al menos mientras avanzan los procesos legales y se resuelve su petición de amparo.

Concreto Armado

'Destrucción' de patrimonio 'La afectación fue tan grande que mi empresa quebró', cuenta uno de los afectados por los despojos institucionalizados. (Foto: iStock by Getty Images)

Ricardo y su empresa de concreto llegaron a Cancún a finales del 2013, para proveer a una compañía más grande que construye edificios en el destino turístico. A él lo contrataron con el objetivo de realizar las estructuras de las construcciones.

Por poco más de un año, la empresa operó con 15 empleados en Quintana Roo a través de una pequeña planta que instalaron en Benito Juárez. Un año después, la empresa terminó su trabajo y regresó a la Ciudad de México donde están sus oficinas, pero en 2015 se percató que dos cuentas de inversión y dos de cheques de Banamex e Ixe estaban bloqueadas.

“Era viernes y no podíamos hacer mucho, lo único que pudimos averiguar es que era una instrucción de la Junta de Conciliación y Arbitraje Número 10 por una demanda que tenían contra nosotros ocho choferes por 5 millones de pesos. Estábamos muy extrañados porque hacía más de una año que habíamos regresado a la Ciudad”, señala Ricardo, quien prefiere que se resguarde su apellido y el nombre de su empresa.

De la misma forma que hicieron con otras organizaciones que han sido víctimas de esta red de despojo, el actuario supuestamente le notificó de la demanda laboral, pero en un predio desconocido, así que nunca se enteró.

“Esto es parte del juego que tiene el presidente de la Junta de Conciliación. Ésta es delincuencia organizada, porque para poder hacer estas cosas, se debe estar amañado con el actuario y todos los órganos que están arriba de todo esto”, expresa Ricardo, quien al final explica que los 5 millones que sustrajeron de sus cuentas, fueron entregados sólo a tres choferes de los ocho que demandaron.

A través de varios abogados, la empresa logró con un amparo frenar la sustracción de otro millón de pesos, es decir que de no ser por esta protección, habrían sustraído 6 millones de pesos de sus cuentas bancarias.

“Los bancos no hacen ninguna averiguación ni te avisan que tus cuentas están congeladas hasta que tratas de usarlas y te enteras que tu dinero ya fue entregado a gente que ni conoces, que no son tus trabajadores y que nunca has visto. En vez de hacer una investigación, ellos inmediatamente entregaron el dinero a los supuestos choferes”, señala.

El empresario destaca todas la irregularidades con las que las autoridades actúan, además de amañar las notificaciones, los expedientes se hacen perdedizos o los retiene los presidentes de las Juntas de Conciliación y arbitraje y los entregan hasta que el dinero está retirado de sus cuentas.

“Cuando te dejan ver la demanda te dicen: yo ya entregué el dinero a los trabajadores, tú caíste en desacato por no presentarte a los llamados que hicimos. La verdad es que desaparece el dinero de las cuentas y no vuelves a saber de él”, señala.

Al final, la empresa de Ricardo quebró porque no pudo seguir haciendo operaciones mercantiles ni cobrar a los clientes que le debían.

“La afectación fue tan grande que mi empresa quebró. No pude cobrar porque si cobraba yo a los clientes, el dinero me lo iban a robar, me iban a vaciar por medio de la Junta de Conciliación. No fue sólo lo que me robaron, me paralizaron la empresa y tuve que constituir otra, venderle los activos, renegociar con todos los clientes las cuentas por cobrar”.

Después de obtener el amparo, Ricardo decidió interponer una denuncia penal en contra de los funcionarios de la Junta Local de Conciliación, no obstante al ver que le salía muy caro y le quitaba mucho tiempo el atender el juicio, se desistió.

“Me desistí porque me quitaba tiempo y me costaba más el proceso que lo que iba a recuperar, pero lo que sucede en Quintana Roo es delincuencia organizada de alto nivel, lo que me pasó a mí, ahora sé que se lo hicieron mucha gente. Los delincuentes no pueden actuar de manera autónoma, es imposible. Es tan evidente el robo y el despojo que tiene que estar enterados de los que pasa, incluso hasta en la Ciudad de México”.

Fuente: expansion.mx

Despacho de Recursos Humanos



Mayka Osorno Michel es una pequeña empresaria que llegó a Cancún en 2006 con la idea de abrir una sucursal de su negocio: una empresa de Recursos Humanos que también opera nóminas de otras compañías.

El mercado de Cancún es complicado, dice Mayka, porque operan grupos muy cerrados y existe un ambiente de poco respeto a la legalidad. Por ello prefirió abandonar el lugar. Una vez fuera de la ciudad, y de un día para otro, se enteró que le retiraron 2 millones 344,789 pesos de su cuenta, dinero que pertenecía a la nómina de otros clientes. El retiro se debió a una demanda laboral iniciada siete años antes y de la cual nunca recibió notificación alguna.

Al revisar el nombre de la trabajadora demandante se dio cuenta que sí fue contratada por ellos, pero su empleo duró sólo un mes y fue con un salario 10 veces menor al que se asienta en la demanda laboral.

A pesar de esto, Mayka interpuso un amparo y lo ganó, pero sus abogados no cobraron el cheque. Ella supone que esto se debe a toda una red de corrupción donde tiene que ver la presunta empleada, la Junta de Conciliación número 2 de Cancún, y probablemente sus antiguos abogados.



Francisco Colunga es un abogado especialista en juicios laborales. Su despacho lo tiene en Cancún, Quintana Roo. Cuenta que las juntas laborales se utilizan como mecanismos para obtener lucros indebidos. Éstas tienen tanto poder que, si ellos quieren, literalmente pueden robar a los patrones con métodos legales con el pretexto de una presunta demanda laboral que en muchos de los casos es inventada.

Fuente: expansin.mx

Nestlé: La empresa golpeada

La maquinaria institucional de despojos de bienes y dinero a particulares y empresas en Quintana Roo, ha barrido con el patrimonio tanto de pequeñas empresas como de industrias trasnacionales asentadas en el país.

Y esta vez golpeó a una de las globales más importantes establecidas en territorio mexicano: Nestlé, la empresa suiza del ramo de alimentos que solo en México factura 4 billones de pesos al año.

En mayo del 2016, ejecutivos de la firma se enteraron que eran víctimas de esta red, cuando intentaron hacer movimientos en una de sus cuentas bancarias y ésta se encontraba congelada.

En el caso de la firma suiza, la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje 2 de Cancún, que preside Alexis Zavala, dictó un laudo laboral condenando a Nestlé para pagar 7 millones de pesos a los supuestos trabajadores que la demandaron.

El modus operandi es el mismo con el que la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de esta entidad ha actuado desde hace varios años: inventan trabajadores que denuncian a una persona o empresa por despido injustificado y se fijan sueldos y prestaciones muy altas.

Los demandados no se enteran de que hay un proceso en su contra, debido a que en la mayor parte de los casos simulan las notificaciones y hasta que les embargan su patrimonio se enteran de que perdieron el proceso por “no haber acudido a defenderse”.

De la misma forma, Nestlé nunca tuvo conocimiento de la existencia de la demanda ni fue notificado al respecto, hasta que bloquearon una de sus cuentas bancarias y se retiró el dinero.

Expansión confirmó este caso con un representante de Nestlé, quien señaló que los supuestos demandantes no son ni fueron empleados de la trasnacional.

“Nestlé no tuvo conocimiento de la existencia de la demanda ni fue notificado al respecto. Tomó conocimiento del asunto en los primeros días de mayo de 2016 debido a un bloqueo a una cuenta bancaria de la empresa. Nestlé ha identificado que los demandantes no son ni fueron empleados de Nestlé. Ante esta situación se promovió un amparo y a la fecha la compañía se encuentra en espera de resolución”, señaló en una tarjeta informativa enviada a Expansión el 22 de julio.

De manera independiente, se pudo corroborar que el amparo indirecto se promovió bajo el número 674/2016 ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Quintan Roo, mismo que se encuentra en curso y al que se ha llamado a los supuestos trabajadores para que demuestren que sí laboraron en la compañía.

Los Piratas de Borge



Texto: Mariel Ibarra y Silber Meza 
Video: Gloria Hernández y Diego Macías
Diseño: Mirelle Mora, Oscar Obregón y David Ortiz

Nuevos casos han emergido del mar Caribe mexicano. La maquinaria institucional formada por un grupo de funcionarios públicos para despojar de bienes a ejidatarios, particulares y empresarios en el estado de Quintana Roo avanza como un cardumen de tiburones.

La red no discrimina tamaños o nombres. Igual muerde y sustrae siete millones de pesos a la compañía global Nestlé, que arrebata tierras paradisiacas al empresario Alejandro Ramírez, o se apropia de una vivienda que representa los ahorros de una particular, la señora Julieta Sánchez Jarero.

En este nuevo reportaje de Expansión y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad se documentan despojos por las vías laboral, civil y mercantil en las ciudades de Cancún, Tulum y Playa del Carmen, tres referentes turísticos mexicanos. Después de la Ciudad de México –la capital del país–, Quintana Roo es el estado mexicano que más actividad turística posee, con el 15.2% del mercado.

Es el cofre del tesoro.

EXPANSIÓN Y MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD. 

Las complicidades de la red de funcionarios públicos que dependen jerárquicamente del todavía gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, es más robusta de lo que se creía. No sólo involucra a una notaría, a políticos del PRI y del Partido Verde y a una junta laboral, sino a las cuatro juntas establecidas en la zona norte del estado, afecta a patrimonios familiares y toca a los otros poderes del Estado: el Legislativo y el Judicial.

Tras la publicación del reportaje “Los Piratas de Borge: el saqueo de bienes institucionalizado en Quintana Roo”, donde se expone la utilización de la estructura del gobierno de Roberto Borge para despojar a ejidatarios, particulares y empresarios de inmuebles y dinero a través de juicios laborales amañados y falsificación de documentos, una decena de personas han levantado la voz para denunciar que fueron víctimas de la misma maquinaria de despojos.

Presentamos los testimonios a través de una plataforma digital donde los afectados directamente cuentan sus casos en video.

(Oprime la frase del caso que quieras saber más)
Así atacan los piratas de Borge

CANCUN
Nestlé: La empresa golpeada
Despacho de Recursos Humanos
Concreto Armado
Entre los despojos que se exponen en esta entrega se encuentra Nestlé, una empresa transnacional que tiene su sede en Suiza y que en México tuvo ventas por 45,359 millones de pesos en 2015. En mayo de 2016, ejecutivos de la firma intentaron hacer movimientos en una de sus cuentas bancarias y ésta se encontraba congelada porque unos presuntos trabajadores interpusieron y ganaron una demanda laboral en la Junta de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún, presidida por Alexis Zavala. Pero Nestlé afirma que nunca conoció a los empleados que la demandaron y a quienes ahora tiene que pagar siete millones de pesos (unos 370,000 dólares).

“Nestlé no tuvo conocimiento de la existencia de la demanda ni fue notificado al respecto. Tomó conocimiento del asunto en los primeros días de mayo de 2016 debido a un bloqueo a una cuenta bancaria de la empresa. Nestlé ha identificado que los demandantes no son ni fueron empleados de Nestlé. Ante esta situación se promovió un amparo y a la fecha la compañía se encuentra en espera de resolución”, afirma la transnacional por medio de una tarjeta informativa enviada a Expansión el 22 de julio pasado.

De manera independiente, se pudo corroborar que el amparo indirecto se promovió bajo el número 674/2016 ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Quintan Roo. El proceso aún no termina.

El modus operandi del caso Nestlé es el mismo que exhibieron Expansión y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en la primera entrega de este reportaje: inventan o inflan juicios laborales con trabajadores reales o ficticios que denuncian a una persona o empresa por despido injustificado, y se fijan sueldos y prestaciones muy por encima del promedio.

Otro ejemplo de esta decena de nuevos testimonios es el de Julieta Sánchez Jarero. Con un expediente de por medio acusa ser víctima de un fraude que la dejó sin casa en Playa del Carmen, Quintana Roo. Con sus ahorros, la señora decidió comprar una vivienda para después rentarla, y así lo hizo. Pero el inquilino no pagó la renta y ella interpuso una demanda de desahucio. Pasaron años para que procediera el recurso, y cuando al fin lo logró, se enteró de que su casa ya no estaba a su nombre, sino al de una empresa privada.

El recurso para quitarle la vivienda también fue un juicio laboral. A Julieta la demandó un hombre que se supone fue su empleado y que ganaba 45,000 pesos al mes. Ella jura que no lo conoce. Además, en una investigación que ha realizado por su propia cuenta, Julieta ha documentado que la empresa que compró su casa de Playa del Carmen no tiene operaciones regulares en el estado, sino que es una compañía de papel que, presume, se alió con su exinquilino y con la Junta de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen para cometer un fraude en su contra.

“ME PARECE IMPRESIONANTE QUE UNO TENGA UNA PROPIEDAD, QUE ES PARTE DE TU PATRIMONIO, Y DE LA NADA TE DAS CUENTA QUE ESTÁ ESCRITURADO A NOMBRE DE OTRA PERSONA… NO ES POSIBLE TANTA IMPUNIDAD, TANTA CORRUPCIÓN”
reclama Julieta.

Por momentos, Quintana Roo parece ser un Estado de excepción. Los subordinados de Borge tejieron un sistema de complicidades que penetró a prácticamente toda la entidad y a elementos de todos los poderes del Estado, como el Legislativo que le aprobó al gobernador el llamado “paquete de impunidad” que más tarde fue rechazado por la Procuraduría General de la República (PGR) por medio de una controversia constitucional; o como el Judicial, donde el 17 de junio pasado actuarios llegaron a Tulum a desalojar a hoteleros y a ejidatarios para cumplimentar la sentencia del juez oral civil de primera instancia, Gustavo Efraín Chan Camaal, que en tiempo récord falló en contra de dos personas que supuestamente rentaban los 600 metros de playa en que estaban asentados 17 hoteles y predios.

Las tierras y el acceso al mar de Tulum llevan décadas en posesión de ejidatarios que tienen su título y que desde hace años se hallan en pleito porque aparecieron unos empresarios que dicen ser los verdaderos dueños de la tierra. Son siete kilómetros de playa del Ejido José María Pino Suárez los que se encuentran en disputa. Según el comisario ejidal, los empresarios que les pelean terrenos a distintos ejidatarios son los regiomontanos José María Garza Ponce, Agustín Villarreal Elizondo y Felipe de Jesús Montemayor Garza; los supuestos herederos de un ciudadano sueco de nombre Karl Eric Noren Ericcson, representados por Carlos Amador Treviño Lozano, y los hermanos Schiavone Magaña. Los tres grupos de empresarios tienen supuestas escrituras que derivan del título de Antonio González Avilés, inscrito con ubicación en la Delegación de Gobierno de Felipe Carrillo Puerto, y no en Tulum.

El asunto se encuentra en los tribunales, sin embargo, actos violentos apoyados por la autoridad han conmocionado a la sociedad de Tulum, Quintana Roo. Uno de los más importantes fue del 17 de junio pasado, cuando actuarios del Poder Judicial se hicieron acompañar de cientos de civiles armados que desalojaron 600 metros de playa en Tulum. Ese día, recuerda Matías González, propietario de uno de los hoteles desalojados de nombre Coqui-Coqui, no hubo tiempo para la discusión.

“FUE UNA SITUACIÓN TREMENDAMENTE VIOLENTA. NOS TIRABAN LOS MUEBLES POR LA VENTANA”,
Matías Gónzalez.

Matías cuenta que la razón del desalojo se origina por una orden judicial iniciada a solicitud de los empresarios Schiavone Magaña. Ellos se dicen dueños del terreno, sin embargo el juicio que iniciaron no fue para disputarles el derecho del suelo, sino para exigir un desahucio por unos supuestos arrendadores incumplidos que ellos no conocen, y que nunca han ocupado ni el hotel ni el terreno.

Para el empresario de origen argentino (quien también fue entrevistado por The New York Times), y para el resto de los hoteleros retirados, fue muy complicado conocer las razones del desalojo, incluso en este momento aún no conocen bien los documentos. Así, casi a ciegas, pudieron interponer un amparo por la violación de diversos derechos, amparo que aún no se resuelve.

“SI YO NO TENGO CERTEZA JURÍDICA, DE QUÉ SIRVE QUE VUELVA A INVERTIR EN TULUM”
se pregunta Matías González.

Otro caso es el del empresario Alejandro Ramírez Magaña. El señor concilió con los integrantes del Ejido José María Pino Suárez. Tras un arreglo entre partes, una ejidataria le cedió sus derechos y fue aceptado por la asamblea ejidal.

De acuerdo con documentos entregados por los abogados del señor Ramírez, el 20 de noviembre de 2011 se creó la parcela en mención, y el 4 de junio de 2012 se reconoció el derecho posesorio. Así transcurrían los días hasta que el 19 de julio de 2013, en el tercer año de gobierno de Roberto Borge, un grupo de gente le quitaron la posesión.

"LLEGARON UNAS PERSONAS CON ARMAS LARGAS Y PASAMONTAÑAS DICIENDO SER SERVIDORES PÚBLICOS SIN IDENTIFICARSE, Y QUE TENÍAN ORDEN DE DESALOJAR MI PREDIO, PORQUE AL PARECER LE PERTENECÍA A UNA PERSONA DIVERSA”

se lee en una demanda que interpuso el empresario Alejandro Ramírez Magaña
en el Distrito 44 del Tribunal Unitario Agrario de Chetumal, el 16 de marzo de 2016.

El empresario añade que durante la “desposesión” del inmueble que colinda con el mar Caribe nunca mostraron ninguna orden judicial ni informaron el nombre de los nuevos ocupantes, pero con el tiempo se enteró que “quien se ostenta como ‘dueño’ del mismo es Carlos Amador Treviño Lozano”, la misma persona que ha sido acusada por otros ejidatarios de realizar diversos despojos con la ayuda del gobierno del estado.

La maquinaria de despojos en Quintana Roo parece imparable. Poco ha importado que medios nacionales y extranjeros aborden la problemática o que se expongan los casos en el Senado de la República, como sucedió en agosto pasado. La carta de preocupación de las embajadas de Francia, Italia, Países Bajos y Portugal enviada a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también despertó el interés de la Secretaría de Turismo federal (Sectur). En el partido de Roberto Borge, el PRI, continúa el proceso de investigación al mandatario pero aún no se define, y el gobernador electo, Carlos Joaquín —quien rinde protesta el 25 de septiembre—, no ha fijado una postura clara ante el problema.

Así, mientras se vive una especie de parálisis de justicia nacional, en Quintana Roo ‘los piratas de Borge’ siguen sueltos.

Fuente: expasion.mx

lunes, 19 de junio de 2017

Somos los nuevos enemigos del Estado



‘Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas y periodistas en México
Por AZAM AHMED y NICOLE PERLROTH 19 de junio de 2017

Al centro, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto durante el desfile militar del Día de la Independencia, en septiembre de 2016 Credit Mario Guzman/European Pressphoto Agency
Read in English

CIUDAD DE MÉXICO — Destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que, en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.

Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente.

Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí.

El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto.

La empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, según decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.

“Somos los nuevos enemigos del Estado”, señaló Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción apodada Ley 3de3. Su iPhone y el de su esposa fueron blanco en varias ocasiones del programa espía, según un análisis forense independiente. “La nuestra es una sociedad en la que la democracia se ha deteriorado”, afirmó Pardinas.

Los ciberataques sofisticados en contra de ciudadanos son indicativos de las luchas internas que se libran en México y despiertan cuestionamientos legales y éticos sobre un gobierno que enfrenta fuertes críticas por sus antecedentes en temas de derechos humanos.

“Por supuesto que no se puede justificar esa intervención. Pero eso es irrelevante. En México nadie pide permiso para hacerlo”.
EDUARDO GUERRERO, EXFUNCIONARIO DE LA AGENCIA DE INTELIGENCIA DEL GOBIERNO MEXICANO
Según la ley mexicana, un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y solo cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado para realizar esa solicitud. Es muy poco probable que el gobierno haya recibido esa aprobación judicial para hackear los teléfonos de los activistas y periodistas, comentaron varios exfuncionarios de los servicios mexicanos de inteligencia.

“Las agencias mexicanas de seguridad no le pedirían una orden a la corte porque saben que no la obtendrían”, dijo Eduardo Guerrero, un exmiembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, una de las agencias gubernamentales que utilizan el programa espía Pegasus. “¿Cómo sería posible que un juez autorizara vigilar a alguien que se dedica a la protección de los derechos humanos?”.

“Por supuesto que no se puede justificar esa intervención”, agregó Guerrero. “Pero eso es irrelevante. En México nadie pide permiso para hacerlo”.

Los intentos para realizar hackeos fueron muy personalizados: llegaron a los objetivos por medio de mensajes diseñados para inspirar pánico y conseguir un acceso rápido a los teléfonos celulares. En el caso de Carmen Aristegui, una de las periodistas más famosas de México, un operador se hizo pasar por la embajada de Estados Unidos en México y le imploró darle clic en un enlace para resolver un supuesto problema con su visa. La esposa de Pardinas, el activista anticorrupción, recibió un mensaje en el que le ofrecían pruebas de que su marido tenía un amorío.

El gobierno mexicano reconoce haber recabado información de sospechosos legítimos de un modo apegado a derecho. “Como en cualquier régimen democrático, a fin de combatir al crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional, el gobierno mexicano realiza actividades de inteligencia”, señaló un funcionario. No obstante, el gobierno “rechaza categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial”.

Continue reading the main storyFoto

La periodista mexicana Carmen Aristegui recibió mensajes de texto que contenían el código para infectar su teléfono. Credit Edgard Garrido/Reuters
Ya se sospechaba del uso de programas espías por parte del gobierno mexicano, incluidos los intentos de hackeo a opositores políticos y activistas cuyo trabajo ha afectado intereses corporativos en México.

Sin embargo, no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable. El software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. Incluso el fabricante, NSO Group, señala que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos de hackeo.

Pero los ciberexpertos pueden verificar en qué momento se ha utilizado el software en el teléfono de un objetivo, lo cual les deja pocas dudas de que el gobierno mexicano o algún grupo corrupto interno están involucrados.

“Básicamente, es lo mejor que hay”, dijo sobre el análisis Bill Marczak, el investigador sénior en Citizen Lab que confirmó que los teléfonos de activistas y periodistas mexicanos tenían rastros del software.

Además, NSO Group asegura que es muy poco probable que los cibercriminales hayan obtenido acceso a Pegasus de algún modo, porque el programa solo puede ser utilizado por las agencias gubernamentales en las que se ha instalado la tecnología.

NSO Group afirma que investiga el historial de los gobiernos en temas de derechos humanos antes de venderles el software. No obstante, una vez que otorgan la licencia e instalan el hardware dentro de las agencias de inteligencia y los cuerpos de seguridad, la empresa dice que no hay manera de saber cómo se utilizan las herramientas espías o contra quién están siendo usadas.

La compañía simplemente le cobra a sus clientes gubernamentales según el número total de objetivos a vigilar. Para espiar a diez usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650.000 dólares, además de la cuota de instalación de 500.000 dólares, según las propuestas de comercialización de NSO Group que revisó The New York Times.

“El hecho de que el gobierno esté usando vigilancia de alta tecnología en contra de defensores de derechos humanos y periodistas que exponen la corrupción, en lugar de contra los responsables de estos abusos, dice mucho de para quién trabaja el gobierno”.
LUIS FERNANDO GARCÍA, DIRECTOR DE R3D
Aunque NSO Group supiera que se está haciendo un mal uso de su software, la empresa dice que no podría hacer mucho al respecto: no puede entrar en las agencias de inteligencia, quitar el software y llevarse el hardware. Más bien, NSO Group confía en que sus clientes cooperarán con una inspección interna que realizaría la empresa, la cual entregaría los resultados a la autoridad legal competente… por lo que los gobiernos terminan siendo los responsables de vigilarse a ellos mismos.

Normalmente, el único recurso de la empresa es ir reduciendo poco a poco el acceso del gobierno a las herramientas en el transcurso de varios meses, o incluso años, al dejar de proporcionar nuevos parches o actualizaciones del software.

Sin embargo, en el caso de México, NSO Group no ha condenado ni ha reconocido que haya abuso de su software, a pesar de que se han presentado evidencias en repetidas ocasiones que demuestran que sus herramientas se han utilizado en contra de ciudadanos comunes y sus familias.

Continue reading the main storyFoto

La casa de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en septiembre de 2014. Los abogados que representan a los familiares de los desaparecidos han sido blanco del programa espía. Credit Adriana Zehbrauskas para The New York Times
El paso de la esperanza a la intimidación
Desde hace mucho tiempo, los periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción en México han enfrentado peligros enormes. Durante décadas los han seguido, acosado, amenazado e, incluso, asesinado por realizar su trabajo; riesgos laborales más comunes en Estados autoritarios que en los que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, como es el caso de México.

El presidente Enrique Peña Nieto comenzó su mandato en 2012 con la promesa de dejar atrás la historia atribulada del país y poner a México en el lugar que se merece dentro del escenario mundial por medio de reformas a la educación, a las telecomunicaciones o al sector energético.

No obstante, para 2014 se habían desvanecido gran parte de esas promesas tempranas por escándalos y crisis, entre ellos la desaparición de 43 estudiantes normalistas después de un enfrentamiento con la policía y las acusaciones de que el mandatario y su esposa adquirieron una casa lujosa de un constructor que después recibió varios contratos públicos.

Son escándalos que han derrumbado la imagen perfectamente cuidada que Peña Nieto tuvo como candidato –un político enérgico dispuesto a trabajar en conjunto con otros partidos para modernizar y mover a México– y lo han pintado como un funcionario corrupto que desconoce la realidad que viven los mexicanos. Ese cambio es el resultado, en buena medida, del trabajo de los periodistas mexicanos que develaron los casos y de los activistas y defensores que no han permitido que sean olvidados.

“Este era un gobierno que pasó de establecer la agenda a ser reactivo”, dijo Carlos Loret de Mola, un popular conductor de televisión que recibió ocho mensajes de texto que contenían código para infectar su teléfono con el programa Pegasus. “Entonces vieron a los periodistas y pensaron: ‘Estos están sacando estas cosas y nos hacen quedar mal, mejor los espiamos'”.

Continue reading the main storyFoto

El funeral del periodista mexicano Javier Valdez, el quinto reportero asesinado en lo que va de 2017, el 16 de mayo Credit Rashide Frias/Associated Press
México todavía está muy lejos de ser como Turquía, la nación que encarcela a más periodistas en todo el mundo. No es como China, un Estado autoritario en donde se silencian las críticas y el gobierno considera que la prensa libre es un peligro político. Pero, de igual manera, México vive una crisis con respecto a esos temas.

El año pasado, fueron asesinados más periodistas que durante cualquier otro año de este siglo; el 2017 ya va encaminado a romper ese récord.

“El hecho de que el gobierno esté usando vigilancia de alta tecnología en contra de defensores de derechos humanos y periodistas que exponen la corrupción, en lugar de contra los responsables de estos abusos, dice mucho de para quién trabaja el gobierno”, dijo Luis Fernando García, director de R3D, un grupo de derechos digitales en México que ha ayudado a identificar varios casos de abuso del programa Pegasus. “Definitivamente no es a favor del pueblo”.

Un caso cercano al presidente
Quizá ningún otro periodista en México ha dañado más la reputación del presidente Peña Nieto que Carmen Aristegui. Y pocos han pagado tan caro por haberlo hecho.

Ella y su equipo sacaron a la luz en 2014 el escándalo de la “Casa blanca”, una historia de intrigas de bienes raíces que involucraba un arreglo especial para la primera dama por parte de un contratista del gobierno que tiene una relación de vieja data con el mandatario.

Continue reading the main storyFoto

El despido de la periodista Carmen Aristegui de MVS generó protestas a su favor en 2015. Credit Edgard Garrido/Reuters
La historia alcanzó una audiencia mundial y obligó a la esposa del presidente a entregar la casa, lo cual representó una especie de dilema ético para el gobierno mexicano; en otro país quizá habría resultado en el nombramiento de un fiscal independiente o en una pesquisa legislativa. Al final el presidente fue exculpado por la Secretaría de la Función Pública, mientras que Aristegui perdió su trabajo. Su despido marcó el inicio de una campaña prolongada de acoso y difamación en su contra: demandas, allanamientos de sus oficinas, amenazas a su seguridad personal y el monitoreo de todos sus movimientos.

“Se trata de un acto de venganza por el reportaje”, dijo Aristegui en una entrevista reciente. “No se puede ver de otra manera”.

Así que le pareció sospechoso cuando en 2015 empezó a recibir mensajes de texto de números desconocidos, en los cuales le urgían a que diera clic a un enlace. Uno contenía un llamado de ayuda para encontrar a un menor desaparecido; otro tenía una alerta por supuestos cargos desconocidos a su tarjeta de crédito, y otro tenía la presunta nota de la embajada estadounidense sobre su visa.

Cuando estos mensajes no fueron suficiente para que le diera clic al hipervínculo y descargara el software de manera inadvertida, los siguientes fueron más estridentes; incluso recibió uno que decía que la iban a arrestar. Varios de los mensajes llegaron del mismo número telefónico, dando muestra de los descuidos del operador.

Continue reading the main storyFoto

El caso de la Casa Blanca provocó un escándalo debido a posibles conflictos de interés en la adquisición del inmueble por parte de la primera dama mexicana. Credit Hector Guerrero/Agence France-Presse — Getty Images
Y siguieron intentándolo. En marzo, los mensajes de texto también comenzaron a llegar al teléfono del hijo de 16 años de Aristegui, Emilio. “La única razón por la que irían tras mi hijo es para intentar encontrar algo en contra de mí, para causarme daño”, dijo Aristegui.

Después de su despido, por supuestos desacuerdos dentro de la radiodifusora MVS Noticias, mantuvo su carrera publicando noticias en su sitio web. Pero la situación le ha cobrado factura, en especial las demandas. En una querella presentada por el presidente de MVS, un juez dijo que Aristegui “excedió su libertad de expresión y de información” por la publicación de un libro de su equipo de reporteros sobre el caso de la Casa Blanca.

En varias ocasiones han hackeado su sitio web y en noviembre irrumpieron en sus oficinas. Los agresores fueron tan descarados que ni siquiera se molestaron en usar máscaras y no han sido detenidos. Ella ha decidido canalizar las amenazas, el acoso e incluso el espionaje en su trabajo.

“He optado por creer que mi trabajo público es lo que me protegerá”, dijo Aristegui. “El gran reto para los periodistas y los ciudadanos es que el miedo nos sirva y no nos conquiste”.

Amenazas vía mensajes de texto
Era el 21 de diciembre de 2015 y Pardinas estaba en la playa con su familia, pero su teléfono no dejaba de sonar: al principio eran llamadas de abogados con los que coordinaba la redacción de una propuesta legislativa… y después un extraño mensaje de texto.

Habían pasado largos meses de una campaña para que se aprobara una ley sin precedentes que obligaría a los servidores públicos de México a divulgar sus declaraciones patrimoniales por posibles conflictos de intereses financieros.

En noviembre, Pardinas también había presentado un estudio sobre los costos políticos y económicos de la corrupción en México, que confirmaba con hechos y cifras lo que casi todos los mexicanos saben: que la corrupción está incapacitando al país. Después le dio seguimiento con entrevistas en medios en los que llegó a burlarse de que el gobierno gastaba más en comprar café que en el presupuesto de la oficina para combatir la corrupción.

El estudio, las entrevistas y un sinnúmero de reuniones con políticos abrieron el camino para la llamada Ley 3de3, que Pardinas —director general del Instituto Mexicano para la Competitividad— ayudó a redactar.

Entonces, en sus vacaciones navideñas, recibió el mensaje: “En la madrugada falleció mi padre, estamos devastados, te envío los datos del velatorio, espero puedas venir”. Venía con un enlace adjunto. Pardinas pensó que era raro que quien le envió un mensaje tan personal no estuviera entre los contactos de su teléfono. Se lo mostró a su esposa y decidió hacer caso omiso.

Continue reading the main storyFoto

Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad, y su esposa recibieron varios mensajes con una liga que habría infectado su celular con el programa Pegasus. Credit Iván Stephens/GDA, vía Associated Press
Hacia mayo de 2016, el proyecto de 3de3 había conseguido más de 630.000 firmas ciudadanas a favor, con lo que el congreso tuvo que discutirla. Y entonces llegó otro mensaje. Este parecía venir del medio informativo Uno TV, el cual envía boletines diarios a los usuarios de teléfono celular de todo el país. Pero lo que le llamó la atención fue el titular: “La historia de corrupción dentro del Instituto Mexicano para la Competitividad”. Se alarmó porque era su organización, pero decidió no darle clic porque sospechó que era un acto delictivo. Al día siguiente le llegaron más mensajes.

Lo que sucedió fue que, después de no tener éxito con él, los responsables lo intentaron con su esposa. El mensaje, que también parecía ser de Uno TV, decía que se habían filtrado videos que mostraban a Pardinas mientras tenía relaciones sexuales con una colega. Pardinas llamó a su esposa y le explicó que era un intento de acoso. “Esta gente otra vez”, respondió ella.

Al final la propuesta de ley fue aprobada, relativamente intacta, por el congreso mexicano, excepto que el senado agregó una provisión para que no solo los funcionarios sino ciudadanos que trabajaran en empresas con contratos públicos –en total se verían afectados alrededor de 30 millones de mexicanos– tuvieran que divulgar sus declaraciones patrimoniales. El presidente Peña Nieto vetó la 3de3 con el argumento de que necesitaba ser discutida con mayor profundidad.

Pardinas siguió con sus denuncias en las entrevistas, donde nombraba a los legisladores que obstruían la ley y las empresas bien conectadas que se beneficiaban con el dinero del gobierno. La iniciativa estaba atorada, pero aun así llegó otro mensaje el 1 de agosto. Este tenía una amenaza: “Oiga afuera de tu casa anda una camioneta con dos vatos armados, let tome fotos vealos y cuídese (sic)”.

Pardinas, quien estaba en su oficina cuando llegó el mensaje, se negó a caer una vez más. Pero llamó a su esposa para pedirle que se asomara por la ventana para ver si afuera había una camioneta estacionada. No había nada.

“Al final, mi esposa ya tenía un entrenamiento casi olímpico en este asunto del hackeo”, bromeó Pardinas.

Gajes del oficio
Continue reading the main storyFoto

Mario Patrón, al centro, es el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Este defendió a tres mujeres otomíes encarceladas injustificadamente y que en febrero recibieron una disculpa pública. Credit Rebecca Blackwell/Associated Press
A fines de abril de 2016, Mario Patrón estaba inquieto. La mesa de la conferencia estaba llena de compañeros defensores de derechos humanos, entre ellos el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Todos fueron a discutir la bomba que estaba por caer el día siguiente: un pánel internacional que fue a México para investigar la desaparición de los 43 estudiantes normalistas divulgaría su informe final. Patrón sabía que los hallazgos iban a ser brutales para las autoridades.

Se acusaría al gobierno de negligencia e incompetencia, incluso de actividades ilícitas en el manejo del caso. Como el resto de las personas en el lugar, Patrón, cuya organización representa a los padres de los estudiantes desaparecidos, se preguntaba cómo respondería el gobierno.

Sonó su teléfono y vio la pantalla. La noticia que había estado esperando: “EL GOBIERNO DE MÉXICO SALE AL FRENTE DEL GIEI”, decía el texto, con el acrónimo del grupo interdisciplinario que publicaría el informe. Parecía ser la noticia que estaba esperando.

Le mostró el mensaje a su colega y dio clic al enlace. Pero en vez de un artículo o un comunicado de prensa, el vínculo simplemente lo redirigió a una página en blanco. Confundido, dejó la reunión y se fue de prisa a su oficina para hacer llamadas e informarse de lo que estaba planeando el gobierno. Y eso bastó para que cayera en la trampa.

“Tener evidencia de que somos víctimas de verdadera vigilancia confirma que nos están amenazando y que el gobierno está dispuesto a utilizar medidas ilegales para intentar detenernos”.
MARIO PATRÓN, DIRECTOR DEL CENTRO PRODH
Patrón es el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, o Centro Prodh, posiblemente el grupo de defensa de derechos humanos más respetado en todo México. Está involucrado en varios de los casos más graves de abusos a los derechos humanos del país y ha sido un gran crítico del gobierno.

Además de Patrón, otros dos abogados del grupo fueron atacados con el software: Santiago Aguirre, el abogado principal de las familias de los estudiantes desaparecidos, y Stephanie Brewer, una abogada estadounidense que ha trabajado con el grupo desde 2007.

“Siempre hemos sospechado que nos espían y nos escuchan”, dijo Patrón, quien se percató de que la situación había empeorado considerablemente desde que desaparecieron los normalistas. “Pero tener evidencia de que somos víctimas de verdadera vigilancia confirma que nos están amenazando y que el gobierno está dispuesto a utilizar medidas ilegales para intentar detenernos”.

Continue reading the main storyFoto

Una bodega en Tlatlaya, estado de México, donde fueron hallados los cuerpos de 22 personas que se cree que fueron ejecutadas por el ejército en 2014. El Centro Prodh representa a una de las sobrevivientes. Credit Rebecca Blackwell/Associated Press
Además de los estudiantes desaparecidos, el Centro Prodh representa a una de las sobrevivientes de un ataque militar en el municipio de Tlatlaya en 2014, donde el ejército arrasó con un supuesto escondite de un cartel y asesinó a 22 personas; el Centro Prodh ha encontrado evidencias de que los sucesos de aquella noche no se desarrollaron como una balacera, como argumenta el Ejército, sino que fueron ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados.

Entre los clientes de la organización también se encuentran las mujeres de Atenco, un grupo de once estudiantes universitarias, activistas y vendedoras de mercado que la policía arrestó hace casi diez años, durante las protestas sucedidas en el pueblo de San Salvador Atenco, y que fueron sometidas a brutales abusos sexuales mientras las trasladaban a la cárcel.

Además del grave abuso de poder y la violación de las mujeres, el caso es especialmente sensible porque el gobernador que ordenó la represión en contra de los manifestantes fue Enrique Peña Nieto, el actual presidente.

Brewer y otros abogados llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esperaron casi siete años. La comisión falló a favor de las mujeres, ordenó al gobierno que les diera reparaciones y que investigara con la debida diligencia las responsabilidades de las autoridades hasta lo más alto de la cadena de mando, una directriz que podía incluir a Peña Nieto. El caso después fue enviado ante la Corte Interamericana.

Fue entonces, poco después del décimo aniversario de los ataques contra las mujeres, que Brewer recibió un mensaje de texto sospechoso que cuestionaba por qué el Centro Prodh no defendía también a los soldados y policías víctimas de abusos. La abogada, intrigada, abrió el enlace y este la dirigió a una página web corrupta, un indicio del software Pegasus.

“Es parte de defender los derechos humanos en México”, aseguró Brewer. “Son los gajes del oficio”.

Azam Ahmed reportó desde Ciudad de México y Nicole Perlroth desde Boulder, Colorado. Paulina Villegas colaboró con el reportaje en Ciudad de México.

Ya apareció América Herrera Olvera



Publicado el 19 jun. 2017
Una menor de edad desaparecida en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, fue localizada en Veracruz, en buen estado siete días después

Otra menor desaparecida


Publicado el 19 jun. 2017
La familia de América Herrera Olvera, no la encuentra desde hace siete días, piden apoyo y guía por parte de las autoridades para poder encontrarla.

Homosexuales en el PRI



No se puede entender la política mexicana, y a nuestros políticos, sin analizar a fondo dos vertientes terribles: La infiltración del narcotráfico en la estructura gubernamental y el desarrollo exitoso de la “cofradía de la mano caída”, escribió el periodista Rafael Loret de Mola en su libro ‘Los Escándalos’, donde amplía detalladamente Los Amoríos Homosexuales en el PRI con cargo al erario… 

Las relaciones interpersonales de los políticos es un asunto que sólo debe importarnos cuando, en ellas, hay millones del dinero público involucrado. 

No se trata de ser moralinos o mojigatos, se trata de exhibir la utilización de cargos y recursos públicos para promover amantes en turno, queridos del erario, parásitos útiles sólo para la corrupción, robo, saqueo y entreguismo… 

Ejemplos sobran desde Salinas, Zedillo, Chuayffet hasta las ‘nuevas generaciones’ como Velasco, Moreno Valle y el mismísimo Tele-Presidente Peña…

Gobierno espía a periodistas a través PGR, CiSEN y SEDENA



#GobiernoEspía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México

Por: R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales - 19 junio, 2017

R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, junto con ARTICLE 19, oficina para México y Centroamérica, y SocialTIC, hemos documentado 76 nuevos intentos de infección con el malware Pegasus en contra de periodistas y defensores humanos en México. Estos ataques, ocurridos entre enero de 2015 y julio de 2016, se suman a los 12 intentos registrados en contra de científicos y activistas de la Alianza por la Salud Alimentaria en 2016.

En cada caso, una o más personas recibieron mensajes con enlaces infecciosos vinculados a la infraestructura de Pegasus.

Pegasus es un sofisticado malware de vigilancia que solamente puede ser comercializado a gobiernos. En los últimos años, se ha reunido evidencia de que al menos tres instancias del gobierno federal lo han adquirido: la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional; esta última, sin facultades legales para ejercer acciones de vigilancia.

Cuando una persona es atacada con Pegasus, recibe un mensaje SMS en su teléfono, el cual contiene un texto que busca persuadirlo de hacer clic en un enlace infeccioso, haciéndose pasar por una noticia, un aviso o el mensaje de un familiar o amigo. Si la persona hace clic en el enlace, su teléfono recibe inadvertidamente un software malicioso que permite al atacante, entre otras cosas, tener acceso a todos los archivos guardados en el dispositivo, así como controlar la cámara y el micrófono del celular.

A través de este informe hemos registrado que todos los objetivos fueron atacados usando una infraestructura común, además de existir coincidencias entre los mensajes recibidos por diferentes personas. Resulta preocupante que el uso reiterado de estos ataques en contra de periodistas y defensores de derechos humanos se dio durante coyunturas críticas de su labor; todas, con un actor en común: el gobierno federal.

Por ejemplo, personal del Centro Prodh recibió intentos de infección durante coyunturas como el décimo aniversarios de la represión en Atenco, la discusión de la Ley General contra la Tortura o la presentación del informe final del caso Ayotzinapa por parte del GIEI. En el caso de Aristegui Noticias, los mensajes recibidos ocurrieron durante sucesos como la exoneración del presidente Peña Nieto por el conflicto de interés de la casa blanca o la publicación de reportajes relacionados con la figura presidencial.

Otro de los objetivos, Carlos Loret de Mola, recibió intentos de infección cuando escribía sobre las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán. Por su parte, personal del Instituto Mexicano para la Competitividad fue objetivo de ataques con el malware Pegasus durante la discusión de la ley 3 de 3, en tanto que dos periodistas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibieron mensajes tras la publicación del reportaje sobre la red de empresas fantasma del gobierno de Javier Duarte, en el cual colaboró la organización.

A la luz de las normas de derechos humanos y el marco jurídico que regula la vigilancia gubernamental en México, los casos de espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción son absolutamente insostenibles jurídicamente. Por el contrario, los hallazgos de este reporte apuntan a la comisión de graves delitos y violaciones a derechos humanos. Debe, por tanto, llevarse a cabo una investigación exhaustiva, seria, imparcial y transparente sobre los hechos denunciados y castigarse a todos los responsables intelectuales y materiales.

La presentación del informe #GobiernoEspía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México se realizará el lunes 19 de junio a las 13:00 horas. La transmisión puede seguirse a través del sitio de Facebook de R3D.

El documento puede descargarse y está disponible bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

El asesino de Valeria está vivo



domingo, 18 de junio de 2017

Carteles de corrupción


Publicado el 18 jun. 2017
En los últimos 4 años, 11 exgobernadores en México han sido detenidos, investigados o se encuentran prófugos por casos de corrupción. Univision Investiga cómo llevan su dinero hasta EEUU.
En los últimos años la evasión de impuestos a través de empresas fantasma ha sido un delito recurrente solapado por particulares y funcionarios de los tres niveles de gobierno. En este texto Luis M. Pérez de Acha revela cómo operan estos cárteles de la corrupción
Por Luis M. Pérez de Acha
1 de febrero de 2017

En la última década las empresas fantasma se han utilizado para evadir impuestos. Su única misión es la expedición de facturas falsas.1 Los contribuyentes que las reciben las aprovechan para efectuar deducciones improcedentes en el ISR2 o acreditamientos indebidos en el IVA.3 Además, como las mismas se liquidan con facilidad, los impuestos a su cargo difícilmente se cobran por el fisco federal.

Sin embargo, las empresas fantasma también se emplean para cometer actos de corrupción y financiar campañas políticas. Al igual que sucede con la evasión fiscal, todas esas actividades se instrumentan a través de estructuras sofisticadas y bien organizadas, en las que no sólo participan funcionarios públicos, sino también empresarios, asesores profesionales, notarios y ejecutivos bancarios. Se trata de verdaderos cárteles a la manera del narcotráfico.

Este problema es sistémico en todo el país. En él intervienen de manera generalizada particulares y funcionarios de los tres niveles de gobierno. El SAT4 ha combatido la evasión fiscal resultante de este mecanismo, principalmente con la entrada en vigor del artículo 69-B del CFF,5 que se analizará con posterioridad. Sin embargo, el Estado adolece de una pasividad que raya en la apatía frente a la corrupción y a otras actividades ilícitas que le están asociadas.

¿Cómo operan las empresas fantasma?

En la actualidad la vía preferida de los cárteles de la corrupción para apropiarse de recursos públicos son las empresas fantasma. Contrario a la creencia general, éstas tienen existencia legal: se constituyen ante notario, están inscritas en el registro público de la propiedad y en el registro federal de contribuyentes, tienen domicilio fiscal, cuentan con firma electrónica y expiden CFDI6 a través de la plataforma del SAT. Sin embargo, los bienes y servicios que proporcionan son inexistentes o simulados.

Los cárteles de la corrupción actúan a través de personas de bajo perfil socioeconómico, quienes facilitan sus credenciales de elector con engaños o a cambio de una gratificación menor, si acaso unos cientos de pesos, para constituir las empresas. Esas personas se convierten entonces en prestanombres de los cárteles, sin tener conocimiento de ello. Además, con las mismas credenciales se abren cuentas de cheques, en las que las firmas registradas son las de los operadores reales de la conspiración delictiva. De este modo se asegura el control del dinero.

Una característica de estas empresas es que desaparecen con facilidad lo cual, a la par de la realización de operaciones inexistentes o simuladas, les asigna el calificativo de fantasmal. Todo esto complica las tareas de fiscalización del SAT.

En lo que respecta a la corrupción, el mecanismo opera de manera similar a la evasión fiscal, aunque con algunas variantes. Para este fin las dependencias públicas aparentan la celebración de contratos de obra o de prestación de servicios con dichas empresas, maquillando licitaciones o adjudicaciones directas. Si bien las obras y los servicios no se ejecutan, las dependencias cubren las contraprestaciones a las que se obligaron y a cambio reciben facturas falsas.

Con posterioridad los rendimientos de las transacciones se transfieren a los verdaderos dueños del negocio o a las personas que ellos designen —por lo general a familiares o a otros operadores allegados a ellos—, no a los prestanombres de bajo perfil socioeconómico.

Lo anterior requiere del contubernio de notarios y ejecutivos bancarios (que si bien son la excepción, lo cierto es que los hay). Se trata de un juego en el que el tinglado está plenamente armado y todos los actores ganan. Los verdaderos dueños del negocio asumen algún riesgo, aunque mínimo, pues quienes quedan expuestos en primer término son los prestanombres que en un inicio constituyeron las empresas.

Sin embargo, siempre quedan cabos sueltos. Por un lado, el SAT cuenta con la información completa de los CFDI expedidos por las empresas fantasma. Por otra parte, las autoridades fiscales y financieras tienen la posibilidad de rastrear la totalidad de las transferencias de dinero que salieron de las dependencias públicas y que terminaron en los bolsillos de los operadores de los cárteles.

Cómo saquear el erario y no morir en el intento

Un ejemplo ayuda a explicar lo anterior. Supóngase que varios funcionarios pretenden apropiarse de 10 millones de pesos pertenecientes al erario. Para esos fines, en contubernio con empresas externas idean un mecanismo para esos propósitos: inventan una licitación de una obra o servicio público que de antemano saben que nunca se ejecutará.

Ninguna sorpresa hay en que una de esas empresas resulte favorecida con la asignación del contrato objeto de la trama. Aunque la obra o servicio sean falsos, arman un expediente que en apariencia cumple con todos los requisitos legales. El eslabón final es la salida de los 10 millones de pesos, para lo cual aquella emite un CFDI falso que ampara la transferencia de esa cantidad a su favor.

La transacción queda de este modo consumada. Acto seguido, los integrantes del complot se reparten el dinero. Así de simple. Los medios de comunicación reportan múltiples casos de corrupción a través de empresas fantasma. En este caso, los delitos que se cometen son de peculado, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, todos ellos con penas de prisión severas.

El mecanismo descrito también se utiliza para financiar campañas políticas. Pensemos el caso del patrocinador de un candidato a un puesto de elección popular, quien le dona cinco millones de pesos para su campaña. Y qué mejor que contar con un CFDI apócrifo para esos propósitos. Las ventajas son múltiples. Por una parte, las empresas fantasma son el vehículo ideal para deducir esa cantidad en el ISR y acreditar el IVA respectivo, que de otra manera serían improcedentes. Por otro lado, la factura falsa posibilita el anonimato del patrocinador y permite al candidato eludir los límites de financiamiento establecidos en la legislación electoral.

Por ello no es extraño que en años de elecciones federales y locales las estadísticas del SAT reporten incrementos sustanciales en la emisión de facturas falsas. Lo paradójico es que los responsables de las finanzas de los partidos políticos y de sus candidatos ofrezcan paquetes “llave en mano”, es decir, un portafolio de empresas para materializar los donativos para campañas electorales.

¿Qué dice el CFF?
En los últimos años la lucha de las autoridades fiscales en contra de las empresas fantasma ha sido notoria. De hecho, a partir de 2014 se adicionó el artículo 69-B al CFF, en el que se empoderó al SAT para detectarlas y dejar sin efectos los CFDI que emiten. Las reglas que en dicho artículo se contienen, son las siguientes:

a) Se presume que son empresas fantasma y, por lo tanto, que sus operaciones son inexistentes o simuladas, aquellas que las autoridades fiscales cataloguen como “no localizadas”, así como las que no cuentan con “[…] activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes [CFDI]”.

b) Una vez realizadas las averiguaciones pertinentes, el SAT publica las listas preliminares de contribuyentes cuyas operaciones se presumen inexistentes o simuladas. En las propias listas se les brinda la oportunidad de ofrecer pruebas para refutar las sospechas en su contra.

c) Si los contribuyentes no desvirtúan esa presunción, el SAT emite nuevas listas en las cuales la acusación queda firme y el calificativo de empresas fantasma es definitivo.

d) La declaratoria contenida en las listas definitivas produce efectos generales. Esto significa que las facturas expedidas por tales empresas son inválidas y que los contribuyentes que las utilizaron deben corregir su situación fiscal, o bien, demostrar que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios de parte de aquéllas.

e) Otra consecuencia es que tanto las empresas fantasma como los contribuyentes que interactuaron con ellas incurren en dos delitos: uno genérico de defraudación fiscal y otro específico que se actualiza por el hecho de expedir, recibir o enajenar CFDI que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

01-corrupcion-02

Los delitos de funcionarios públicos
Como se señaló en el segundo apartado, las empresas fantasma y las facturas falsas son ideales para apropiarse del dinero del Estado en forma indebida. Esto se refleja en un incremento patrimonial de los funcionarios, que los enfrenta al reto no sólo de ocultarlo sino también de disfrutarlo. ¿O no es ese el propósito de la corrupción?

Lo anterior da lugar a la comisión de diversos delitos, los cuales se explican a continuación:

a) En primer lugar, el peculado, precisamente por la apropiación indebida de dinero del Estado.

b) El ocultamiento del dinero proveniente del peculado o la adquisición de bienes con los mismos recursos configura el delito de lavado de dinero, por tratarse de operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita.

c) Una vez que el lavado de dinero se presenta el delito de delincuencia organizada puede también darse. Para esto bastará con que tres o más personas se organicen en forma permanente o reiterada para operar con recursos de procedencia ilícita. En la orquestación de la corrupción a través de empresas fantasma esta hipótesis se cumple con facilidad ya que, por lo general, los funcionarios no actúan solos, sino que lo hacen con el auxilio y complicidad de varias personas para consumar el peculado, así como para ocultar el dinero producto de sus actividades delictivas.

d) Por su parte, el incremento en el patrimonio de los funcionarios actualiza el delito de enriquecimiento ilícito, que como una modalidad de corrupción se contempla en la legislación penal.

e) Finalmente, el delito de defraudación fiscal se comete en tres variantes distintas. La primera de ellas es resultado de una presunción legal establecida en el CFF, en función de la cual el delito se configura en automático cuando existe lavado de dinero.

Asimismo, el dinero que reciben los funcionarios, aunque ilícito, les genera la obligación de pagar el ISR, lo cual evidentemente no sucede, pues ello implicaría revelar a las autoridades el enriquecimiento ilícito. Esta omisión actualiza una segunda modalidad de evasión fiscal, distinta de la mencionada en el párrafo anterior.

Un tercer tipo de defraudación fiscal se configura con el disfrute del dinero del que los funcionarios se apropiaron ilegalmente. En efecto, la Ley del ISR dispone que cuando en un año de calendario un contribuyente efectúa erogaciones superiores a los ingresos declarados, la diferencia se considera como un ingreso respecto del cual debe pagarse dicho impuesto. A esta presunción se le conoce como discrepancia fiscal.

La lógica de esta presunción es simple, como lo demuestra el siguiente ejemplo: supongamos que en 2015 una persona declaró que tuvo ingresos por dos millones de pesos, pero el fisco federal le demuestra que gastó ocho millones. ¿De dónde salió la diferencia en exceso por seis millones? Puede ser que ésta provenga de ingresos obtenidos en años anteriores, respecto de los que ya pagó el impuesto. Sin embargo, si el contribuyente no lo justifica debe pagar el ISR por esa diferencia.

La discrepancia fiscal no sólo da lugar a una responsabilidad económica a cargo de los contribuyentes —incluyendo, por supuesto, a los funcionarios—, sino también a una imputación por defraudación fiscal expresamente prevista como tal en el CFF.

Como se aprecia, la línea entre corrupción, lavado de dinero, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada es clara y directa. De ahí la necesaria determinación con que el Estado debe combatir estos delitos.

Retos para la fiscalización
La fiscalización de las empresas fantasma afronta tres retos. El primero es que la forma en que operan se ha sofisticado, al grado de que es difícil seguir el rastro físico de quienes instrumentan la trama. Otro desafío radica en que estas empresas desaparecen con la misma rapidez con la que se constituyen. Un reto adicional es que la emisión de facturas falsas es un deporte nacional, lo que hace que su proliferación en el país sea alta y su fiscalización compleja.

Sin embargo, como se señaló, el SAT tiene la información completa de los CFDI emitidos por las empresas fantasma, lo que le permite ubicar a los contribuyentes y las dependencias gubernamentales que los recibieron. Del mismo modo, las autoridades fiscales y financieras tienen la posibilidad de identificar la totalidad de las transferencias que salieron del erario y que terminaron en los cárteles.

Así como el SAT actúa en contra de la evasión fiscal instrumentada a través de facturas falsas, la Procuraduría General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberían combatir la corrupción gubernamental y los delitos que van aparejados.

El Estado cuenta con herramientas legales e insumos logísticos para perseguir a las empresas fantasma y a los cárteles de la corrupción. Así, hacerlo es una decisión de política pública impostergable.



Luis M. Pérez de Acha
Abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Fuente: NEXOS

Arrestado por subir vídeo a Facebook


  • Más de cinco millones de usuarios vieron la película a través de la red social.


Según publica Variety, un hombre de Fresno, California, compartió en su muro de Facebook una versión completa de ‘Deadpool’ ocho días después de que esta fuese estrenada. El informe oficial calcula que unos cinco millones de usuarios vieron esta copia pirata.

Tre-Von M. King, que es como se hacía llamar Trevon Maurice Franklin, de 21 años, se enfrenta a tres años de prisión por infringir los derechos de autor.

En su momento, nadie quería apostar por ‘Deadpool’. El pobre Ryan Reynolds parecía que se iba a quedar con el mal regusto de ‘X-Men Orígenes: Lobezno’ pero finalmente logró hacer el título gamberro y desenfadado que buscaba. ¿El resultado? La película con calificación R de mayor recaudación global de la historia y con secuela prevista para el 1 de junio de 2018.

Fuente: fotogramas.es

sábado, 17 de junio de 2017

Balacera en Cancún...resultado: un asaltante muerto, dos transeúntes heridos


Vídeo: Noticiero Televisa

Por Sergio Caballero

Cancún, Quintana Roo.- En medio de un pico en la violencia registrada en Cancún, en menos de un mes fueron modificados los mandos en la policía de este destino vacacional: Darwin Puc Acosta, teniente coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor, fue nombrado nuevo encargado del despacho de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (SMSPT).

El pasado 17 de mayo, Jonathan Young Mendoza, que desde el inicio de la administración del presidente municipal Remberto Estrada fue titular de la SMSPT, fue removido como del cargo, a fin de nombrar al polémico exjefe de la policía de Tijuana y Ciudad Juárez, Julián Leyzaola Pérez como asesor operativo, y Alejandro Rodríguez Zepeda como titular de la dependencia, respetivamente.

Este nombramiento se da también en medio de diferencias entre el gobernador Carlos Joaquín González y el presidente municipal Remberto Estrada Barba, por la definición de la estrategia de seguridad en Cancún y la designación que realizó el alcalde (Leyzaola Pérez y Rodríguez Zepeda), sin consular al mandatario estatal.
Al filo de la media noche, el secretario general del ayuntamiento, Guillermo Andrés Brahms González, en su despacho, anunció el nombramiento Darwin Puc Acosta.

A través de un comunicado se informó que este nuevo cargo es “como parte de seguimiento a la estrategia de seguridad del mando único de coordinación” y “bajo la recomendación de la Secretaria de la Defensa Nacional, el gobierno federal, estatal y municipal coordinan y acuerdan, en aras de robustecer el trabajo realizado por la SMSPT”.

Brahms González destacó: “el compromiso” del alcalde Remberto Estrada “por mantener la excelente coordinación de la dependencia municipal con los tres órdenes de gobierno, en aras de dar el mejor resultado para las familias benitojuarenses”.

Este nombramiento deberá de ser ratificado por el pleno del cabildo, dominado por el PRI y PVEM.

Brahms González informó que el teniente coronel, Darwin Puc, ha sido subjefe del Estado Mayor de la 33va. Zona Militar, comandante del Segundo Batallón de Operaciones Especiales del Cuerpo de Policía Militar, de los 5º y 8º Grupos de Cañones, y se desempeñó como Agregado Militar de Defensa de México en Estados Unidos y en la Ciudad de Washington, Distrito de Columbia, entre otros cargos.

Sigue Leyzaola

Por otra parte, Estrada indicó que Leyzaola continúa como asesor y Rodríguez Zepeda, será subsecretario.

En entrevista con Apro, indicó que Puc Acosta fue “recomendado” por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, y por un acuerdo “derivado de la Mesa de Seguridad”.

Estrada señaló que “sin duda” la coordinación es el camino, luego que con la participación de efectivos de las corporaciones de los tres niveles, se logró la noche del jueves la aprehensión de una banda de sicarios.

“Vamos redoblar la coordinación”, subrayó.

Fuente: proceso.com.mx

Reviven negro pasado del Fiscal de Quintana Roo


Tan pronto contestó el teléfono oyó una advertencia: “¡Tienes que escapar!, tenemos orden de aprehensión contra ti”. Jean Succar Kuri no lo pensó dos veces y entonces cobró otro favor con un policía federal, quien lo sacó del condominio “Solymar”, en plena zona hotelera de Cancún, bien oculto en la cajuela de una patrulla.

Eso ocurrió hace 14 años, cuando aceptó Succar Kuri el “pitazo” ofrecido por el entonces subprocurador en la zona norte de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen, hoy fiscal general de Quintana Roo, pero la defensa del pederasta alega que no fue algo por dinero sino para pagarle un favor.

Resulta, según coinciden la defensa de Succar Kuri, la activista social Cinthya Hijar y versiones documentadas, que la esposa de Pech Cen, Judith Martínez Villaseñor, administraba los Condominios “Las Brisas”, junto al condominio “Solymar”, donde vivía el pederasta y éste fue testigo desde su propiedad cuando en diligencia de desalojo que encabezó Judith cayó un extranjero desde el tercer piso, muriendo al instante, al forcejear con dos guardias de seguridad. Succar Kuri notificó personalmente por teléfono a Pech Cen, quien agradeció la información, pero nunca llegó la policía más sí fue removido el cuerpo y limpiada la escena del crimen.

En esa época, cuando facilitan el escape de Succar Kuri, Cancún estaba tal como ahora, en primeras planas nacionales, pero por la ejecución de 12 personas: nueve agentes federales y también tres personas calcinadas, y uno de los primeros en acudir al sitio de los asesinatos fue Jesús Cristóbal Mena Paullada, entonces director de la Policía Judicial del estado, hoy director de la Policía Ministerial de Quintana Roo, nombrado por Pech Cen.

Joaquín Hendricks Díaz había determinado crear un distractor para la opinión pública que sacara de las primeras planas el tema del narcotráfico en Quintana Roo, y Celia Pérez Gordillo dio cauce a la demanda penal contra Succar Kuri; en esto funcionó plenamente la mancuerna Pech Cen-Mena Paullada, quien venía del ámbito del Ministerio Público y juzgados federales; fue tal el desaseo, que ocurrió un debate en la Cámara de Diputados local, donde el 24 de junio de 2004 en la X Legislatura del estado quedó de manifiesto lo siguiente: “Que los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia en la Zona Norte han demostrado total negligencia e incompetencia al atender el caso Succar Kuri… incluso se puede intuir la clara pretensión de que la autoridad competente en materia de justicia ha retardado el proceso viciado desde su origen, encubriendo de manera directa a los implicados en este caso”.

A la dupla Pech Cen-Mena Paullada se reintegró en el quehacer público a Julio César Moreno Orendain, quien también ha sido director de la Policía Judicial en la entidad. Antes, Moreno Orendain, distinguido priista por cumplir a cabalidad con sus cuotas partidarias (como lo demuestran documentos en poder de esta redacción), era agente del Ministerio Público del Fuero Común al igual y en las mismas fechas que Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety”, ésta última reconocida líder del narcomenudeo para el Cártel del Golfo.

Ambos, Orendain y “Doña Lety”, trabajaron en lo que era la Procuraduría General de Justicia, de ahí se conocen, solo que el tiempo los situó como antagonistas hoy a muerte, pues representan grupos opuestos.

Otro integrante de este grupo proveniente de la Universidad de Yucatán, Adrián Samos, a la postre secretario municipal de Seguridad Pública, sufrió un atentado con armas largas en el que apenas salvó la vida, acusado presuntamente de vender la plaza al crimen organizado. Samos en consecuencia se retiró de la vida pública, pero aún siguen activos Pech Cen, Mena Paullada y Moreno Orendain, quien quedó como encargado de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, en la Fiscalía que encabeza hoy Pech Cen.

La tríada Pech-Mena-Orendain recibió brutalmente el 17 de enero su bautizo de sangre con el ataque armado a las instalaciones en Cancún de la Vice Fiscalía General, luego que vecinos de la alcaldía de Alfredo Vladimir Bonfil revelaran que desde el domingo 15 de enero, por la noche, “Doña Lety” fuera capturada en esa zona y tomaban como referencia que al día siguiente ocurrió la balacera en la discoteca Blue Parrot durante el Festival Internacional BPM.

En radios de frecuencia corta trascendió la noticia entre los bonfileños, por lo que no les sorprendió el ataque a balazos y granadas a la sede de la Vice Fiscalía General, pues su lógica les sugiere que iban cómplices de “Doña Lety” por su rescate, solo que el gobernador Carlos Joaquín González negó la especie: “hubo rumores de que había alguien detenido, que iba a declarar, y no había tal situación, por supuesto estábamos en trabajos de investigación de lo que pasó en Playa del Carmen, con acciones dirigidas a resolver ese asunto; pero no había tal situación ni tal caso”.

En el sitio del enfrentamiento, mientras el acceso a la Fiscalía se daba a cuentagotas y bajo rigurosa identificación, litigantes comentaron que si la estrategia de no turnar a “Doña Lety” a la PGR era evitar la intromisión de las autoridades federales en el control del narcotráfico en Quintana Roo, esto resultó un fracaso porque las balaceras atrajeron a fuerzas especializadas y de inteligencia de la federación que llegaron a Cancún y Playa del Carmen.

Como antecedente, destaca que Jesús Cristóbal Mena Paullada en tiempos de Joaquín Hendricks, fue secretario de acuerdos del Juzgado Segundo de lo Penal, subdirector de la Policía Judicial y llegó a director; en el gobierno municipal de Paul Carrillo de Cáceres fue director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y en esa administración coincidió con Julio César Moreno Orendain, quien era director Jurídico.

Tanto Mena Paullada como Moreno Orendain fueron quienes dieron a conocer la destitución como subdirector de Tránsito municipal a Mar García Méndez, quien acusó al director de Tránsito de ese entonces, Alejandro Menache Reyes, de haberle puesto un “cuatro” para desplazarlo de la corporación, pues argumentó: “no hay prueba real de que haya cometido algún ilícito”.

En su paso por Asuntos Internos, Jesús Mena Paullada recibió la Recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no dar trámite al expediente SMSPT/DAI/314/2013 contra Leonel Federico Carrillo, quien era coordinador de la Unidad de Verificación del Transporte de Carga, acusado penalmente por acoso sexual, según la Averiguación Previa 542/2013.

En diciembre de 2015 fue cesado del cargo como director de Asuntos Internos luego que tramitara negligentemente los expedientes por acusaciones contra seis elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal por robo, lesiones, abuso y secuestro, a quienes solamente impuso 36 horas de arresto administrativo.

En otro caso, Mena Paullada fue acusado de liberar a dos presuntos extorsionadores que habían querido cobrar el “derecho de piso” al dueño de un taller mecánico que sometió a estas personas con ayuda de sus propios trabajadores, solo que al entregar a los delincuentes a la patrulla, estos fueron liberados un kilómetro antes de llegar a la sede de la SSPyT, por lo que al llegar el agraviado a interponer su denuncia se encontró con que no había detenidos.

Además, consta en su expediente una denuncia por despojo cuando fungía como abogado del empresario Matthew Eduardo Burghoff, de un terreno en la playa del municipio de Tulum, por lo que Banorte y un inversionista dieron vista al Consulado Regional de Estados Unidos e interpusieron queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, expediente 334/2012, por denuncia de fraude procesal, incompatibilidad de labores, desempeño irregular, abuso de función pública, cohecho y peculado.

Por su parte, Moreno Orendain renunció el 17 de agosto de 2010 al cargo de Director de la Policía Judicial del estado “por motivos de salud”, pero hoy en su calidad de militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con miles de pesos registrados oficialmente en aportaciones en efectivo para el partido tricolor, se desempeña en un gobierno emanado de la alianza entre el PAN y PRD como encargado de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, pero el único saldo público que puede mostrar en los días que se ha desempeñado con sendas balaceras en Playa del Carmen y Cancún, con un saldo en ambos de diez muertos y 19 heridos.

Por Mauricio Conde/SIPSE